la Ley tiene que ocupar espacios que deberían estar cubiertos por la educación y el sentido común


Gregorio Serrano, Director de Tráfico, ha hecho unas declaraciones una vez finalizadas las vacaciones de verano y con motivo del incremento de número de muertos en accidentes en las carreteras españolas, en las que “se atreve” a decir que mucha culpa de estos accidentes la tienen los propios conductores por su mala, incluso en algunos casos, nula educación y su falta de sentido común y respeto a las señales de tráfico.
¡Ingenuo él! al no prever como, de manera inmediata, le iba a caer todo el peso de la “ley mediática” donde prima la idea de que “las personas no tienen culpa de nada” como si fueran, de hecho bastantes ya lo son, individuos sin voluntad, capacidad de decisión y beneficiarios de todos los derechos sin ningún deber que implique esfuerzo y/o aplicación. Pasar una noche de sábado, por ejemplo, inmerso en drogas y alcohol y salirte en la primera curva para matarte y/o matar a los compis que van contigo o el que venga de frente “es culpa del Estado que no me pone más controles o no me pone chófer para llevarme a casa a dormir la mona”.
El bueno de Gregorio avisa de medidas entre las que destaca la implantación de más controles por parte de la DGT, límites de velocidad más bajos y penas más duras para los conductores que no se avengan a cumplir las normas.

Y en éstas andamos: llegando con la ley a donde debería llegar la educación y el sentido común.  

A la ya de por sí complicada adaptación de la justicia a cada época y lugar, los tiempos en que vivimos han incorporado dos nuevas dificultades: adecuar la carencia de las más elementales y mínimas normas de educación y la poca capacidad de las personas a tener un mínimo de “sentido común”.

Desde siempre ambas capacidades, educación y sentido común, cubrían un espacio colectivo que actuaba de motor a todas las conductas de las personas civilizadas que ocupaban la sociedad. No es casual que el deterioro de las sociedades en diferentes épocas haya caminado de la mano de una descomposición intencionada de ambos valores.
Esta degeneración de la educación y del sentido común lleva a situaciones tan insólitas por su contenido que está provocando el uso de la ley para ocupar ese espacio ahora vacío. Problemas que se solucionaban con el empleo de la lógica y la simple aplicación de la sensatez ahora necesita de la utilización de la ley dándole un protagonismo absurdo al “mal educado” y al insensato, cada vez más presente en trabajos, zonas de ocio y en espacios públicos.
En estos últimos días hemos tenido oportunidad de comprobarlo en hospitales, y concretamente en el trato con el personal, con amenazas y agresiones al personal médico. No es nuevo que existan vándalos; la novedad reside en la frecuencia y en la visión más o menos permisiva de estas actitudes que son vistas como anécdotas y que incluso son justificadas por más de uno. Pacientes hartos de esperar su turno en urgencias reaccionan agrediendo a las personas y/o rompiendo material que se les ponga a mano; y lo que la “educación” cívica solucionaba con un unánime rechazo, ahora se ha convertido en denuncias cruzadas de unos y de otros. Los centros hospitalarios se ven desbordados por estas agresiones y abandonados por una sociedad temerosa de tomar medidas serias. Esta sociedad abandonó hace tiempo la buena educación que de manera natural actuaba como un muro de contención ante los vándalos y descontrolados. Un ejemplo muy significativo de esta aceptación de la “mala educación” es que la primera medida que se ha adoptado para enfrentarse a este problema es organizar cursos de defensa personal dirigidos a los médicos y enfermeros en sustitución de personal de seguridad. La decisión adoptada indica toda una declaración de intenciones.

Otra brecha de las múltiples abiertas en el “no rechazo” a la mala educación normalizándola en el día a día de esta sociedad, es la utilización de la “libertad de expresión”, que ahora parece acoger al derecho de amenaza, la ofensa agresiva y la calumnia sin límites; temas que afectan a la seguridad nacional, a la integridad territorial, seguridad pública o incluso a la protección de la salud o la MORAL, protección de la reputación o derechos ajenos o incluso a la divulgación de informaciones confidenciales.

En el uso de la “libertad de expresión” el restaurante Nova Font Blanca en Lérida ofrece en su carta “Guardia Civil a la brasa” faltando a las más elementales normas de educación y desde luego al sentido común. Y el triste final a la situación provocada por el restaurante es que ya anda la justicia, con sus fiscales y jueces,  deliberando qué hacer con el maítre; si ha incurrido en delito o no, si considerar los hechos “una broma de mal gusto”, releyendo y repasando artículos en donde este asunto tenga casos parecidos para dictar sentencia.

Hechos como la intervención de un tal Willy Toledo, actor…o eso dice, que justifica la quema de iglesias y la violación de monjas y/o de Gabriel Rufián, actual Diputado del Congreso de los Diputados por Esquerra Republicana de Cataluña, que anima a “dinamitar el Valle de los Caídos” están ya a la orden del día. Ambos dicen acogerse a la “libertad de expresión” aceptando, se entiende, que alguien que considere interesante y provechoso quemar sedes de partidos políticos, practicar violaciones a la carta y/o dinamitaciones de alguna simbología distinta a la del sr Rufián, está en el mismo derecho que ellos.
Y mucha es la responsabilidad que tienen los medios de comunicación dando cobertura y “promocionando” a estos personajes mal educados y que actúan y hablan creando unos hábitos que acaban teniendo acomodo entre sus simpatizantes.
Como es lógico, a ambos les llueven querellas y contraquerellas haciendo necesaria la utilización de la ley para suplir la indudable mala, o mejor nula, EDUCACIÓN y SENTIDO COMÚN de los dos individuos. 

El absurdo de esta “utilización” de la ley para llegar a donde debería estar la buena educación llega a casos tan ridículos como el protagonizado en el parque de la Ciutadella en Barcelona en donde una mujer que andaba quitando los “lazos amarillos” y que iba acompañada por su pareja y tres hijos pequeños, fue golpeada en el suelo de tal manera que sufrió la rotura de la nariz al tiempo que recibió insultos racistas por parte del agresor aludiendo a su origen ruso. El rechazo unánime a estos hechos que debería mostrar una sociedad educada y asentada en las más elementales normas de sentido común se han convertido: 1/ una denuncia de la mujer en dependencias de la policía (que no de los Mossos d´Esquadra por no fiarse de éstos) a su agresor, 2/ una denuncia de los Mossos d´Esquadra a la señora por estar quitando los lazos amarillos.

Gregorio Serrano tiene toda la razón en apelar a la educación de los conductores pero está equivocado en contar con la buena educación y sentido común para solucionar el problema de los accidentes de tráfico. La educación de las formas y el fondo era un bien que se defendía sin fisuras y se basaba en un rechazo general por parte de una sociedad en el convencimiento de que defendía un bien común. Ahora la educación es un bien individual cuya responsabilidad recae sobre las familias y que cuenta con escaso apoyo por parte de una comunidad ávida de nuevas maneras y erróneas interpretaciones de valores universales y con la exposición continúa y continuada de mediocres.
Gregorio Serrano tiene toda la razón en apelar al sentido común de los conductores pero se equivoca al dirigirse a una sociedad que entiende el“sentido común” como un valor que defiende un modelo de vida individual ajeno al bien del que está al lado y con unos códigos de conducta enfocados a rechazar cualquier cosa que no provoque satisfacción inmediata y/o exija un esfuerzo u obligación.

P.D: el 7 de septiembre un político de la Comunidad de Madrid y al referirse al uso/no uso del teléfono móvil en los colegios hace la siguiente declaración:"no vamos a prohibir los móviles. Prohibir no ayuda en nada. Vamos a crear una comisión para estudiar como prohibir que los niños y niñas utilicen el teléfono móvil en el colegio". DE SENTIDO COMÚN